Por Maria Lopez
El 15.03.2020 fue un día sin precedentes para el Perú, con DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM se declaraba Estado de Emergencia, limitando el libre tránsito y otros derechos fundamentales. La comunidad internacional aplaudía la iniciativa, pero, habiendo transcurrido más de 160 días de diversas medidas, vemos cómo todos los esfuerzos han fracasado y somos uno de los países con mayores contagios y decesos por COVID-19.
Existen diversos factores, pero tomando el tema laboral como uno de ellos puedo decir que no hubo un adecuado manejo respecto a mitigar las consecuencias de la orden de cuarentena. Como sabemos, somos un país con un porcentaje de informalidad laboral de un 70%, esto implica que muchos no perciben beneficios laborales, y menos gozan de estabilidad laboral. Existe un grupo elevado de personas que generan sus ingresos en el día a día y fue donde más impactó las restricciones. Ante dicha situación, tuvimos un bono que no llegó a la población vulnerable y las medidas se enfocaron en el mínimo sector formal del Perú, “Reactiva Perú” tampoco llegó al grueso de los empresarios y se permitió un sin número de despidos, ocasionando hoy en día el incremento de la informalidad laboral y actividades ambulantes dispersas por todo el territorio. Pareciera que a la gente no le importa su vida ni la de su familia, pero no se considera la necesidad de muchas de esas personas quienes no tienen como sustentarse económicamente y necesitan salir a trabajar, bajo cualquier condición, con la finalidad de cubrir sus necesidades básicas, porque la luz, el agua y demás servicios no han dejado de facturar y el hambre aprieta muchos hogares. Es una necesidad urgente que el Gobierno realice planes de reactivación económica enfocada a la creación de empleo.